PARA LA NACION, 14 de diciembre de 2015.
El 2 de diciembre, estalló la noticia de que se iniciaba el proceso de juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hasta ese momento, en tres oportunidades en lo que va de2015, una multitud de ciudadanos habían realizado algunas de las más grandes protestas que hasta ahora conoció la democracia brasileña. Sin embargo, el gobierno no reaccionó. En noviembre, encuestas del instituto Datafolha indicaban que el 65% de los brasileños defendían el inicio del proceso de impeachment y que el 62% deseaba que la presidenta renunciara.
La desazón popular es comprensible. En cinco años de gobierno de Dilma Rousseff, los brasileños vimos una vez más postergarse la promesa de una nación próspera y justa gracias a la incapacidad de la presidenta para la gestión. Después de años de hablar sobre las virtudes de un tal modelo brasileño, la desocupación y la inflación están en alza, el crecimiento económico entró en caída libre (tanto que algunos analistas ahora hablan no de recesión, sino de depresión) y los escándalos de corrupción -que casi siempre involucran a referentes del Partido de los Trabajadores (PTS) de Rousseff y Lula da Silva- proliferan.
Sin embargo, por peores que parezcan las perspectivas económicas y por cansados que estemos de la corrupción desenfrenada, no es ésa la única la razón del clamor por el juicio político a la presidenta: en cinco años de gestión, Dilma Rousseff ha infringido la ley reiterada e intencionalmente y existe la convicción de que el castigo legal por sus delitos es la destitución por juicio político.
Ahora que el proceso se ha iniciado, es predecible que los partidarios de Rousseff traten, como dirían nuestros hermanos argentinos (tan futboleros como nosotros), de embarrar la cancha, es decir, de confundir y engañar a la opinión pública con desinformación deliberada.
Es cierto que el proceso de juicio político se deflagró por decisión del actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sobre quien también pesan denuncias de corrupción. La decisión representó el epílogo de un triste y, al fin, malogrado toma y daca por el que pretendían, ambos, Cunha y Rousseff, preservar sus cargos. Sin embargo, la denuncia misma por crímenes de responsabilidad no fue una iniciativa de Cunha: se gestó en la indignación de la sociedad civil y fue preparada con extremado cuidado por algunos de los mejores jurisconsultos brasileños: Hélio Bicudo, quien fue fiscal de Justicia ¡y fundador del PTS!; Miguel Reale Jr., ministro de Justicia en el gobierno del ex presidente Cardoso y académico de credenciales intachables, y Janaína Paschoal, profesora de Derecho Penal en la prestigiosa Universidad de San Pablo y una de las abogadas más brillantes de la nueva generación.
En el documento, de 64 páginas, se acusa a Rousseff de aumentar ilegalmente el gasto público, sin previo consentimiento del Congreso; de ocultar, de manera deliberada, montos abultadísimos de deuda pública; de recurrir a burdas maniobras presupuestarias que, en esencia, equivalían a tomar préstamos de los bancos estatales (práctica categóricamente prohibida por la legislación financiera y presupuestaria), y de postergar, también de manera deliberada, transferencias coparticipables a estados y municipalidades. Todo para mantener a electores e inversores, especialmente durante el año electoral de 2014, en la ilusión de que las cuentas públicas estaban en orden y el país, en buenas manos. Al hacerlo, la presidenta violó un sinnúmero de disposiciones legales y por eso corresponde la destitución por juicio político.
Destituir a una presidenta por fechorías presupuestarias puede sonar algo extremo para el público extranjero. Pero es la ley, y hay que entender la historia de Brasil para comprender por qué esas medidas son necesarias y por qué, cuando fueron adoptadas, representaron un enorme paso adelante en términos de gobernanza democrática.
El 2 de diciembre, estalló la noticia de que se iniciaba el proceso de juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hasta ese momento, en tres oportunidades en lo que va de2015, una multitud de ciudadanos habían realizado algunas de las más grandes protestas que hasta ahora conoció la democracia brasileña. Sin embargo, el gobierno no reaccionó. En noviembre, encuestas del instituto Datafolha indicaban que el 65% de los brasileños defendían el inicio del proceso de impeachment y que el 62% deseaba que la presidenta renunciara.
La desazón popular es comprensible. En cinco años de gobierno de Dilma Rousseff, los brasileños vimos una vez más postergarse la promesa de una nación próspera y justa gracias a la incapacidad de la presidenta para la gestión. Después de años de hablar sobre las virtudes de un tal modelo brasileño, la desocupación y la inflación están en alza, el crecimiento económico entró en caída libre (tanto que algunos analistas ahora hablan no de recesión, sino de depresión) y los escándalos de corrupción -que casi siempre involucran a referentes del Partido de los Trabajadores (PTS) de Rousseff y Lula da Silva- proliferan.
Sin embargo, por peores que parezcan las perspectivas económicas y por cansados que estemos de la corrupción desenfrenada, no es ésa la única la razón del clamor por el juicio político a la presidenta: en cinco años de gestión, Dilma Rousseff ha infringido la ley reiterada e intencionalmente y existe la convicción de que el castigo legal por sus delitos es la destitución por juicio político.
Ahora que el proceso se ha iniciado, es predecible que los partidarios de Rousseff traten, como dirían nuestros hermanos argentinos (tan futboleros como nosotros), de embarrar la cancha, es decir, de confundir y engañar a la opinión pública con desinformación deliberada.
Es cierto que el proceso de juicio político se deflagró por decisión del actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sobre quien también pesan denuncias de corrupción. La decisión representó el epílogo de un triste y, al fin, malogrado toma y daca por el que pretendían, ambos, Cunha y Rousseff, preservar sus cargos. Sin embargo, la denuncia misma por crímenes de responsabilidad no fue una iniciativa de Cunha: se gestó en la indignación de la sociedad civil y fue preparada con extremado cuidado por algunos de los mejores jurisconsultos brasileños: Hélio Bicudo, quien fue fiscal de Justicia ¡y fundador del PTS!; Miguel Reale Jr., ministro de Justicia en el gobierno del ex presidente Cardoso y académico de credenciales intachables, y Janaína Paschoal, profesora de Derecho Penal en la prestigiosa Universidad de San Pablo y una de las abogadas más brillantes de la nueva generación.
En el documento, de 64 páginas, se acusa a Rousseff de aumentar ilegalmente el gasto público, sin previo consentimiento del Congreso; de ocultar, de manera deliberada, montos abultadísimos de deuda pública; de recurrir a burdas maniobras presupuestarias que, en esencia, equivalían a tomar préstamos de los bancos estatales (práctica categóricamente prohibida por la legislación financiera y presupuestaria), y de postergar, también de manera deliberada, transferencias coparticipables a estados y municipalidades. Todo para mantener a electores e inversores, especialmente durante el año electoral de 2014, en la ilusión de que las cuentas públicas estaban en orden y el país, en buenas manos. Al hacerlo, la presidenta violó un sinnúmero de disposiciones legales y por eso corresponde la destitución por juicio político.
Destituir a una presidenta por fechorías presupuestarias puede sonar algo extremo para el público extranjero. Pero es la ley, y hay que entender la historia de Brasil para comprender por qué esas medidas son necesarias y por qué, cuando fueron adoptadas, representaron un enorme paso adelante en términos de gobernanza democrática.
En los años 80 y principios de los 90, Brasil padecía un cuadro grave de hiperinflación, mala gestión y un sentimiento generalizado de que el país estaba condenado al fracaso. El rumbo finalmente se enderezó con los gobiernos de Itamar Franco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece el actual vicepresidente, Michel Temer, y, especialmente, con Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña.
Entre 1993 y 2002, ellos frenaron la inflación, ordenaron las finanzas públicas, reestructuraron el Estado y les permitieron a los brasileños volver a soñar con el país del futuro. Es ese legado que los gobiernos desastrosos de Lula da Silva y Dilma Rousseff comprometieron.
Es necesario recordarle a la comunidad internacional que Brasil es una democracia sólida y establecida y que, contrariamente a lo que proclaman algunos partidarios más extremos de Dilma Rousseff, no hay ninguna clase de golpe en marcha en nuestro país.
Es necesario recordarle a la comunidad internacional que Brasil es una democracia sólida y establecida y que, contrariamente a lo que proclaman algunos partidarios más extremos de Dilma Rousseff, no hay ninguna clase de golpe en marcha en nuestro país.
Al contrario, el juicio político a la presidenta se hace según la Constitución y los parámetros establecidos en la ley.
Al fin y al cabo, en democracia, hay que recordar siempre la lección magistral del Libertador Simón Bolívar: "La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones".
Al fin y al cabo, en democracia, hay que recordar siempre la lección magistral del Libertador Simón Bolívar: "La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones".
Desde su reelección, hace poco más de un año, la presidenta Dilma Rousseff perdió todas las condiciones morales de seguir siendo la mandataria de quien detenta, en última instancia, esa autoridad: el pueblo brasileño. Un pueblo que ahora busca, en su compromiso inquebrantable con los valores y las instituciones democráticas, la inspiración y los mecanismos para ponerles fin a años de desgobierno y para poder volver a soñar.
Senador del Partido de la Social Democracia Brasileña por el estado de San Pablo.
Senador del Partido de la Social Democracia Brasileña por el estado de San Pablo.
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